El Gobierno de El Salvador presentó el Registro Único de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Contexto de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños, que ha sido construido en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para identificar a la totalidad de víctimas de las mencionadas masacres en sus cuatro tipos de clasificación: ejecutada, familiar de víctima, sobreviviente y desplazada.

El levantamiento del Registro inició en 2012, y a partir de 2015 —con el acompañamiento de las víctimas— se realizó una revisión y depuración que se extendió hasta 2016. Fue oficializado en 2017 a través del Consejo Directivo del Registro creado por decreto ejecutivo. Una de sus principales características es que es un registro testimonial y dinámico, que se actualiza conforme se presentan nuevas solicitudes de incorporación que son sustentadas en prueba testimonial y documental de las propias víctimas y habitantes de las zonas.

Al 25 de septiembre de 2018, el Registro contabilizaba 1725 víctimas, 988 de estas fueron ejecutadas (más de la mitad eran menores de edad y 12 eran no nacidos).

La Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece como los lugares donde ocurrieron las masacres los caseríos El Mozote, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, y los cantones La Joya, Cerro Pando y la Cueva del Cerro Ortiz.

Carlos Sáenz, de Secretaría Técnica y de Planificación, explicó que debido a que el país no había desarrollado una experiencia similar, no había construido instrumentos, ni mecanismos para proceder a reconocer oficialmente víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, por lo que se ha trabajado en desarrollar procedimientos, instructivos, protocolos y todos los criterios y lineamientos de la sentencia de la Corte Interamericana, “hemos examinado jurisprudencia internacional en casos similares para basarnos en ello y hemos tenido que desarrollar metodologías adecuadas que respondan a las particularidades del caso para poder establecer rigurosos procesos de revisión de documentos, entrevistas que nos permitan identificar a las personas”, dijo el también coordinador del Consejo del Registro Único de Víctimas.

Así mismo, hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para acelerar la aprobación de un decreto que permita agilizar la reparación de las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, ya que uno de los problemas que tiene el registro es la documentación. “Lo que hicimos en el año 2017 fue presentar en la Asamblea una propuesta de decreto transitorio con medidas especiales para justamente crear una instancia, una comisión, que tenga facultades extraordinarias para poder hacer inscripción de partidas de nacimiento, correcciones y modificaciones que estén debidamente sustentadas y de esta manera resolver los problemas de documentación y a partir de ello poder otorgar la calidad de víctimas a quien corresponda, y que a partir del reconocimiento de las víctimas ejerzan sus derechos”, indicó.

A ese llamado también se unió Dorila Márquez, Presidenta de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, “de manera muy especial quiero hacer un llamado a la Asamblea Legislativa para que apoye la creación de leyes que han sido solicitadas especialmente para poder ayudar de manera rápida y ágil a nosotros y nosotras como familiares debido a que hemos sufrido una serie de tropiezos para avanzar y muchos que han luchado han muerto sin tener acceso a la verdad, a la justicia y mucho menos a la reparación”.

Hasta esta fecha, 13 instituciones del Gobierno están implementando y ejecutando alrededor de 35 medidas de reparación que están bajo la responsabilidad del Órgano Ejecutivo, y aglutina tanto las ordenadas y supervisadas por la Corte.

Para finalizar, el subsecretario técnico y de planificación, Alberto Enríquez, agregó que como país, necesitamos avanzar hacia una sociedad donde impere la solidaridad la justicia y la paz, “Este es el sentido de todos estos esfuerzos, por lo que reiteramos el total compromiso del Gobierno en esta lucha”.

Las ponencias incluyeron la participación de María Silvia Guillén, Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos; P. José María Tojeira, Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Paula Gaviria, exconsejera presidencial para los Derechos Humanos y exdirectora de la Unidad para las Víctimas del Gobierno de Colombia, y Carlos Sáenz, coordinador del Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas de El Mozote y Lugares Aledaños.

Información disponible en el sitio web: http://registroelmozote.gob.sv